Auditoria pide revocar el Fideicomiso PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Carlos Mario Alvarado   
Jueves, 01 de Diciembre de 2016 07:29

Carlos Mario Alvarado Licón.

Se pone en riesgo el patrimonio a costa de 3 empresas; la ASE pide que se otorguen concesiones.

El ex gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, entregó a tres empresas fantasmas ligadas al ex alcalde sustituto de Chihuahua, Eugenio Baeza, terrenos y recursos públicos del centro histórico de la ciudad capital por más de 200 millones de pesos, así como la facultad legal para renovar estos privilegios hasta por medio siglo.

A partir de la revisión de cuentas del fideicomiso el pasado 26 de octubre de 2016 (1). La Auditoría Superior del Estado, concluyó que: “determina que los servidores públicos que intervinieron en la aprobaron, creación y conformación de este Fideicomiso, lo hicieron sin salvaguardar prioritariamente los intereses del Gobierno del Estado.”

A fin de corregir lo anterior, la auditoría superior les recomienda a eliminar la figura del Fideicomiso, porque atenta en contra de los principios constitucionales, y les propone que se opere bajo la figura de concesión. 

“La creación de un fideicomiso no es la opción legal para conceder a particulares la oportunidad de explotar bienes propiedad del estado, ya que esta se debe realizar a través de una concesión, y al no hacerlo se contraviene el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del que se desprende que en los bienes propiedad de la nación el dominio de la misma es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, así como al artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua que establece que el ejercicio del Poder Público se limita a las facultades expresamente consignadas en esa Constitución, la Federal y las leyes que se expidan de conformidad con las mismas.”

Los representantes de las empresas y miembros del Comité Técnico son  los empresarios, Ernesto Hermosillo Seyffert, es Director Planeación y Gestión de Talento del Grupo Bafar; el segundo, el Lic. Raúl de la Paz Parga, fue Representante legal de Fundación Grupo Bafar en febrero de 2016 al firmar un convenio de colaboración con el Municipio de la Piedad Michoacán, y quien fue consultor legal del Grupo Bafar, S. A. B. de C. de 2008 a 2011.

El tercer empresario, Luis Eduardo Ramírez Herrera es Jefe de Finanzas y Administración del grupo Bafar, según la página de la bolsa Reuters, ya que la empresa cotiza en la bolsa mexicana (2).  

Eugenio Baeza Fares es Presidente y Director General de Grupo Bafar, una empresa chihuahuense que distribuye embutidos a México y Latino-América,  destacada entre  las 300 más influyentes del país. Fue Presidente Municipal sustituto de Chihuahua en diciembre de 2015, cargo que le permitió  para que el municipio recibiera 49 millones para manejar los recursos del fideicomiso.

En 2015 el municipio erogó 24 millones de pesos para el estacionamiento de la Plaza Comercial y Turística, quedado el restante para ser aplicado en 2016.

Bajo la lupa de los auditores, estudiaron el decreto (3) emitido por el ex Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, el pasado 17 de diciembre de 2014, por el cual modifica el decreto del legislativo y permite a los representantes empresas beneficiadas (Servicios Urbanísticos Centrales SA de CV, Productividad y Desarrollos VUE SA de CV, Y Desarrolladora Catastral, SA de CV) formar parte del Comité Técnico y ser mayoría por medio del cual se decide el destino del dinero público y la posibilidad de renovarse a si mismo la concesión por otros 25 años más.

Por otro lado, señala inconsistencias legales en la reforma del decreto del Ejecutivo estatal: Dos de las 3 empresas designadas por el ejecutivo como beneficiarias del fideicomiso, fueron creadas una semana antes del decreto y la tercera un mes después, con lo cual se viola el principio de legalidad. 

Otras observaciones al fideicomiso fueron:  que el ente público no lleva las cuentas en base a la Ley de Contabilidad Gubernamental, que no licitaron la obra pública en base a la normatividad para la construcción de la Plaza el Mariachi, construida con recursos públicos y en terrenos estatales.

Es decir, el fideicomiso opera como ente privado, sin cumplir con las obligaciones legales, como es el cumplimiento de la Ley de entidades paraestatales del Estado de Chihuahua (4 que ordena al ejecutivo publicar en el periódico oficial del Estado sus balances y manejo del dinero público de cada uno de los fideicomisos o empresas paraestatales.

Tampoco el ICHITAIP obligó al fideicomiso a transparentar sus cuentas como ente obligado, al entrar en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua vigente desde mayo de 2016 (5).

Cabe señalar que el Fideicomiso tiene su portal digital (6) pero como ente gubernamental no informa sobre la identidad de los representantes, las reuniones del Comité, ni la forma en que invierten el dinero público. 

Cabe señalar que Lic. Raúl de la Paz, quien se ostentó como “apoderado legal del Fideicomiso para la Regeneración de Centro histórico de la Ciudad de Chihuahua”, defendió al empresario y ex alcalde sustituto, Eugenio Baeza, de las declaraciones del diputado panista, Miguel de la Torre, que lo involucra como beneficiario de ese fideicomiso, según la edición de Diario de Chihuahua del 27 de noviembre. 

Según la ley, tal cargo no existe. El Presidente del Fideicomiso es el Gobernador del Estado y el Secretario técnico del Comité, será quien designe el ejecutivo estatal. Lo conforman tres empresarios beneficiarios y dos miembros elegidos por el Congreso del Estado, quienes tienen voz, pero no voto.