Servicio civil de carrera e igualdad de género en la función pública PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Benito Abraham Orozco Andrade   
Sábado, 02 de Septiembre de 2017 05:27

Benito Abraham Orozco Andrade.

La desconfianza e indignación de la sociedad ante la incrementada y descarada corrupción en los tres niveles de gobierno, la imperiosa necesidad de optimizar los recursos públicos, así como la insistente demanda social de contar con servidores públicos que tengan un desempeño eficiente y eficaz, exigen no postergar más la implementación de medidas efectivas en pro de servicios de excelencia para los “gobernados”.

La administración pública no puede seguir enfocándose en satisfacer intereses personales y/o de grupo, pues ya se ha expoliado extremadamente el patrimonio de todos los mexicanos, y es menester que quienes integren la función pública lo hagan con una visión profesional, de responsabilidad y de servicio.

Para lograr tales atributos, es primordial contar con personas que tengan los conocimientos, la experiencia y la capacidad suficientes y acordes con el área en la que se desempeñan, EVITANDO IMPROVISADOS QUE NO CUENTEN CON LOS MÉRITOS CORRESPONDIENTES, desligando cualquier interés ajeno a la adecuada y honesta administración de los bienes públicos. Debe impedirse que ciertos cargos claves para una correcta y continua gestión, puedan ser ocupados a discreción, pues la experiencia ha evidenciado la existencia de muchísimas personas que ocupan dichos puestos sin una vocación de servicio y sin una preparación para ello, además de demostrar un completo repudio por las instituciones públicas y por la dignidad de sus compañeros de trabajo y de las personas en general.

En tal virtud, con el servicio civil de carrera la buena marcha de la administración pública dependería en gran medida de un cuerpo de profesionales que, de manera permanente, atenderían diferentes programas o actividades ordinarias en las diversas áreas, abonando con ello a las acciones positivas de quienes encabecen algún gobierno o institución pública, o en su defecto, frenando cualquier abuso o acción negativa derivada de la inexperiencia, deshonestidad o intereses personales o facciosos.

Definitivamente no se trata de impedir la implementación del programa de gobierno de quien haya ganado una elección, sino más bien de establecer una determinada base de operación de la administración pública que permita garantizar a la sociedad, en todo momento, que las acciones y las obras realizadas con recursos del erario, estarán enfocadas al beneficio de esa colectividad.

Para que dicho servicio de carrera cumpla con el objetivo de fortalecer la gestión pública, debe regular al menos los siguientes procesos: ingreso; desarrollo profesional; evaluación; promoción y ascenso; estímulos; sanciones; y separación (en este último caso, mediante un mecanismo asequible para los trabajadores, respetando el debido proceso, en forma rápida y expedita, sin tener que esperar años para una la emisión de un laudo). De esa forma EL INGRESO DEPENDERÁ EXCLUSIVAMENTE DEL MÉRITO DEL ASPIRANTE, Y LA PERMANENCIA DE SU BUEN DESEMPEÑO, SIN ESTAR CONDICIONADOS AL INICIO O TÉRMINO DE SEXENIO O TRIENIO ALGUNO, O A LOS CAPRICHOS DE ALGUIEN.

Acorde con los avances en materia de derechos humanos, donde afortunadamente a las mujeres se les han ido reconociendo cada vez más y más en diferentes ámbitos, y considerando la prevalencia persistente de los hombres en los puestos públicos que se encuentran por debajo de los de “primer nivel”, además de la discriminación en lo que se refiere a los sueldos (es muy recurrente que en el servicio público a las mujeres se les pague mucho menos que a los varones, incluso teniendo aquellas cargos de mayor responsabilidad), es por ello imprescindible que en el marco de ese servicio civil de carrera, se tomen medidas especiales de carácter temporal a efecto de revertir dicha supremacía.

Tales acciones permitirían el ingreso preferente de las mujeres a la función pública sin que esto implique necesariamente una discriminación negativa, sino más bien positiva.

Si dejamos a la mera voluntad de la sociedad y del gobierno la consecución de la igualdad de género, sin contar con leyes y programas que obliguen a lograr tal paridad, inequívocamente se puede asegurar que no se logrará tal propósito, pues históricamente así se ha demostrado.

Al respecto, el Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, especialista en temas de igualdad y no discriminación, al hablar de esta última señala que: “Si consideramos al mundo tal cual es, y no como un modelo ideal donde todos tengan igualdad de oportunidades, lo que la desventaja de estos grupos exige es una ‘compensación’ que les permita equilibrar la situación de desventaja que han padecido a lo largo del tiempo. Esta compensación tiene que consistir en una estrategia a favor de la igualdad en su sentido constitutivo, pero implicaría la aceptación de diferencias de trato para favorecer, temporalmente, a quienes pertenecen a los grupos vulnerables a la discriminación” (“¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?”, colección Cuadernos de la igualdad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2004, p. 34).

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1978 y ratificada por México el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 4, párrafo 1, que: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. 

Si en realidad existe el propósito de que haya una gestión pública honesta, transparente, eficaz y eficiente, con perspectiva de género, entre otras cuestiones deseables, es necesario que pasemos de los discursos y de las buenas intenciones a los hechos, estableciendo, poniendo en práctica y/o fortaleciendo los referidos servicios de carrera en todas las instancias públicas.

ESTA ES OTRA OPORTUNIDAD PARA QUE NUESTRAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AHORA SÍ PUEDAN PASAR A LA HISTORIA CON ACCIONES POSITIVAS, CONSIDERANDO LAS VERDADERAS DEMANDAS SOCIALES.