Perfil humano. Fiscalías acéfalas y el crecimiento impune del crimen organizado PDF Imprimir E-mail
Opinión - Columnas
Escrito por Eduardo Fernández   
Domingo, 12 de Noviembre de 2017 12:18

Eduardo Fernández.

El notorio incremento de las actividades delictivas del crimen organizado, incluido el de cuello blanco, es producto de la impunidad y corrupción que campean en el país mientras tres de las fiscalías encargadas de combatirlo permanecen sin titular y menos resultados contundentes.

El fiscal encargado de los delitos electorales dimitió a su defensa en el Senado después de haber sido despedido de su cargo por parte del encargado del despacho de la PGR. El subprocurador Alberto Elías Beltrán sustituyó a Raúl Cervantes, el cual renunció después de ser publicada su evasión del impuesto de tenencia de un Ferrari rojo de su propiedad con un costo de casi cuatro millones de pesos.

Cervantes pasó de ser el cuestionado “fiscal carnal” al “fiscal ferrari” en los medios y su posible nombramiento como primer titular de la naciente fiscalía general de la nación se vino abajo, pero también la posibilidad de que inicie la sustituta de la criticada PGR.

Al carecer de un fiscal general tampoco se podría proponer al nuevo fiscal anticorrupción, eslabón clave del sistema anticorrupción ya aprobado pero tampoco implementado. El caso Odebrecht carece así de una fiscalía especial que investigue y aplique la ley a este caso y otros pendientes de malversaciones por miles de millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaba de revelar que Pemex le otorgó a la constructora brasileña pagos indebidos por más de mil 200 millones de pesos tan solo el año pasado.

Odebrechet es el caso más grande y escandaloso en América Latina pues sobornó a varios mandatarios y altos funcionarios públicos en diversos países, entre ellos México. Ejemplo de ello fue la acusación de sus directivos de haberle entregado 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, ex director de Pemex en el primer trienio de este sexenio.

Santiago Nieto, ex titular de la Fepade, fue despedido al parecer por haber continuado esta investigación pues algunos de los millones de dólares supuestamente fueron a parar a la campaña presidencial de Peña Nieta ya que Lozoya era el encargado de asuntos internacionales de la misma.

El Frente Ciudadano impugnó la destitución de Nieto y exigió que el Senado, quien antes había ratificado su nombramiento, decidiera si era despedido o reinstalado en su cargo. El asunto se politizó por lo que el fiscal optó por aceptar su remoción más los senadores de oposición continúan firmes en que comparezca al igual que el procurador interino.

El problema en designar a un fiscal en la Fepade estriba en que el Frente cuestiona las facultades legales de Alberto Elías, no solo para despedir a Nieto sino también para nombrar a su sustituto lo cual afecta al proceso electoral actual.

En cuanto al fiscal anticorrupción su necesidad es más que obvia pues los desvíos y corruptelas del erario público continúan sin freno alguno. Un documento oficial clasificado publicado por Reuters da a conocer que el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes proporcionan a sus autores un billón 130 mil millones de pesos anuales, unos 53 mil millones de dólares.

La ASF informó recientemente que los desvíos ilegales al erario federal por parte del ex gobernador veracruzano Javier Duarte eran de unos 42 mil millones de pesos. No es remoto que lo robado por los ex gobernadores y gobernadores en este sexenio sume unos 500 mil millones de pesos.

La oleada de homicidios en todo el país amenaza en convertir a este año en el más violento del siglo superando incluso a lo registrado en el 2011, considerado el de mayor incidencia criminal del sexenio pasado.

La impunidad lacera y afecta la vida normal de millones de mexicanos que cotidianamente son víctimas de algún delito sin que tengan la esperanza de que los responsables sean aprehendidos y menos castigados.

Las procuradurías tradicionalmente, de acuerdo a los expertos, han funcionado más como medios legales para ajustes políticos que para aplicar la ley en forma equitativa. Las fiscalías generales podrían ser la alternativa si en realidad existiera la voluntad política para implementarlas tanto en lo federal como en lo estatal.

 

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