Respaldan a Corral académicos, políticos y activistas de distinto signos políticos PDF Imprimir E-mail
Política - General
Escrito por Redacción   
Martes, 09 de Enero de 2018 15:36

Han apoyado la lucha por la democracia, la transparencia y el combate a la corrupción en el país.

Académicos, intelectuales, líderes políticos, artistas y activistas sociales, respaldaron al gobernador Javier Corral Jurado durante la denuncia pública de las represalias del Gobierno Federal contra Chihuahua, ante los resultados de la lucha contra la corrupción política emprendida por el mandatario.

En la presentación, Corral Jurado estuvo flanqueado por personajes de diversos signos políticos y, sobre todo, ciudadanos comprometidos con las mejores causas en la lucha por la democracia, la transparencia y el combate a la corrupción en el país, así como impulsores del Encuentro Chihuahua, celebrado en agosto de 2017.

En respaldo a la lucha del Gobernador por romper el pacto de impunidad política en el país, asistió Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.

Peschard tiene una amplia trayectoria en el servicio público y en los sectores social y académico. Fue consejera en el Instituto Federal Electoral y Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Estuvo presente Marieclaire Acosta, académica y especialista en temas relacionados con la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

También acudió José Octavio López Presa, quien cuenta con amplia experiencia en el sector público, social y privado. Fue el primer director ejecutivo de Transparencia Internacional, Capítulo México, además de consejero fundador de Causa en Común, A.C.

Asistió además Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), quien fue removido de ese cargo tras encabezar las investigaciones sobre corrupción por el caso Odebrecht.

Participaron académicos, intelectuales y líderes de opinión, entre los que se encuentran Denise Dresser, José Antonio Crespo, Clara Jusidman, José Luis Caballero, Jorge G. Castañeda y Cecilia Soto.

Además, Alfredo Figueroa Fernández, ex consejero del Instituto Federal Electoral; Paulo Díez, abogado, quien develó diversas irregularidades y hechos de corrupción relacionados con la empresa OHL y el Gobierno Federal.

También acompañaron a Corral Jurado las senadoras Martha Tagle y Marcela Torres Peimbert; los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y Luis Sánchez.

Los diputados federales Guadalupe Acosta Naranjo,  Agustín Basave y la diputada Hortensia Aragón, así como líderes políticos como Santiago Creel, Alejandro Chanona, Fernando Belaunzarán, Miguel Alonso Raya y Sergio Leyva.

De igual forma, acompañaron y respaldaron al gobernador los artistas y activistas Giovanna Zacarías y Daniel Giménez Cacho.

El gobernador Javier Corral Jurado dijo que los asistentes representan “un grupo plural… es un grupo de ciudadanos cuya preocupación y ocupación los distingue también por su combate a la corrupción y a la impunidad”.

“En ese sentido me acompañan, como indiscutibles ciudadanos actores políticos, sociales de este país, indiscutibles líderes de opinión para refrendar y respaldar esta denuncia que estamos haciendo”, agregó.

Durante la conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México el 8 de enero, el gobernador expresó que quienes lo acompañaron “lo han venido haciendo en diversos momentos, debo decir tanto en mi campaña electoral en el estado de Chihuahua, como durante el periodo de transición y luego durante mi mandato”.

Corral Jurado dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende imponer una represalia económica al pueblo chihuahuense, luego de que como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, se vinculó a proceso por el delito de peculado agravado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex funcionario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

La represalia fue comunicada directamente por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya y consiste en no transferir a Chihuahua recursos ya convenidos para el saneamiento financiero por 700 millones de pesos, dentro de un programa que únicamente excluyó a nuestra entidad en todo el país.

 

 

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