Los recurrentes delitos electorales PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Benito Abraham Orozco Andrade   
Domingo, 27 de Mayo de 2018 17:14

 

Benito Abraham Orozco Andrade.

 

A pesar de que ya ha habido muestras de personas que han tenido que pasar algunos años en la cárcel por cometer diversas conductas ilícitas durante los procesos electorales, y/o a quienes han exhibido públicamente en tales condiciones, continúan los ¿rumores? de la presencia de tales conductas en proceso electoral en curso.

            Ya se empieza a hablar de personas u organizaciones que están ofreciendo a quienes han sido designados como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (MDC), una determinada cantidad de dinero para rechazar ese encargo y mejor ser representante de algún partido político ante esas MDC. Indudablemente, en el supuesto de que sean ciertos esos rumores, quienes estén haciendo dichos ofrecimientos no desconocerán que están cometiendo un delito electoral, y quienes se presten a realizar el mencionado rechazo, de igual forma se encontrarán cometiendo un ilícito.

 

            Por otra parte, deben considerar que en el Instituto Nacional Electoral se cuenta con sistemas informáticos que rechazarán la irregularidad referida, toda vez que quien haya sido considerado para ser funcionario de MDC, no puede ser representante de partido político o de candidato independiente ante una MDC, o representante general. En pocas palabras, quien habiendo sido designado funcionario de MDC, por ningún motivo podrá ser representante de partido político, aún y cuando indebidamente haya rechazado la designación en la MDC.

 

            A fin de evitar caer en alguna conducta que nos genere graves problemas, es pertinente mencionar que, en términos generales, entre otras conductas indebidas, la referida Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) señala las siguientes: votar a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; votar más de una vez en una misma elección; hacer proselitismo o presionar objetivamente a los electores el día de la jornada electoral, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo; obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introducir boletas falsas; obtener o solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto; recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos.

 

De igual forma contempla el referido cuerpo legal como delitos: solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o amenaza, presionar a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma; amenazar con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición; solicitar u ordenar evidencia del sentido de su voto  o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto (por ejemplo exigir que se tome foto del voto).

 

Asimismo, la citada ley menciona: votar o pretender votar con una credencial para votar de la que no sea titular; organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto; apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales; Impedir la instalación o clausura de una casilla; realizar por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbar el orden o el libre acceso de los electores a la casilla; expedir o utilizar facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados; proveer bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

 

La multireferida Ley también establece, como conductas delictivas de los funcionarios partidistas y candidatos: realizar o distribuir propaganda electoral durante la jornada electoral; divulgar, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados; abstenerse de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido; durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicitar votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. Para los funcionarios electorales (entre los que se encuentran quienes han sido designados para integrar una MDC), se señala como delito el abstenerse de cumplir, sin causa justificada, con las funciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral.

 

Las citadas conductas ilícitas son solo parte de los delitos contemplados en la Ley General en comento, por lo que, sería conveniente consultarla en su totalidad y tener presente qué es lo que no debemos de hacer, y en qué casos debemos denunciar a quienes nos quieran obligar a cometer un delito. En la página de internet de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (www.fepade.gob.mx), podemos tener acceso a la citada Ley y a diversa información relacionada con la prevención y con la comisión de delitos electorales, así como con la forma de denunciarlos.

 

No corramos el riesgo de comprobar en nosotros mismos, que sí hay quienes interpone denuncias por delitos electorales, y en consecuencia, también hay quienes resultan presos por ello.