Algunas propuestas en materia electoral PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Benito Abraham Orozco Andrade   
Sábado, 04 de Agosto de 2018 13:10

 

Benito Abraham Orozco Andrade.

 

Las elecciones del pasado primero de julio nuevamente nos confirmaron lo anacrónico, costoso y desapegado del interés social, que en múltiples aspectos se encuentra el sistema electoral mexicano.

 

En términos generales, las campañas electorales estuvieron lejos de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. Además, la inconformidad de la sociedad volvió a estar presente por la imposición de tantos promocionales en radio y televisión, en los que se dieron a conocer información de las autoridades electorales, pero sobre todo de los partidos políticos y sus candidatos (en una mínima parte de los candidatos independientes).

 

La integración de las mesas directivas de casilla (MDC) fue una labor sumamente difícil, pues en la mayoría de las entidades donde hubo elección, esta fue concurrente (federal y local) e implicó un mayor número de tareas para los funcionarios de casilla, que definitivamente no fueron nada sencillas, toda vez que les exigió conocer y atender aspectos relativos con la recepción del voto y con el escrutinio y cómputo de ambas elecciones. Prácticamente se les duplicó el trabajo, y las actividades posteriores al cierre de la votación se prolongaron por algunas buenas horas. Hubo mucha resistencia a aceptar ser funcionario de casilla.

 

Además, para no pocos presidentes de MDC les implicó cargar un paquete para la elección federal de aproximadamente 40 kilos, y otro similar para la local, lo que suma aproximadamente 80 kilos, más aparte las mamparas y las urnas. Un manejo de documentación y materiales por demás complicado que, aunado a las difíciles y extenuantes labores efectuadas por más de 12 o 14 horas (cuando menos), inhibirán gravemente la participación ciudadana en la recepción del voto en próximas elecciones. Un problema sumamente preocupante.

 

Aún y cuando lo anterior representa unos limitados ejemplos de lo obsoleto de nuestros procesos electorales, como lo he venido realizando desde hace varios años, nuevamente me permitiré formular algunas propuestas que considero pueden abonar para una mejor democracia electoral:

 

1.- Implementar la urna y el voto electrónico lo antes posible, con lo que además de obtenerse un gran ahorro de recursos (capacitación a menos funcionarios de casilla y en menor tiempo; eliminación de toneladas de papel para las boletas y actas electorales; renta y/o adecuación de bodegas; paquetes electorales menos pesados; escrutinio y  cómputo en las casillas y consejos electorales más confiables y casi inmediatos, etc.), también se evitarían los conflictos postelectorales y la apatía ciudadana para participar como funcionario de casilla por largas horas y cargando pesados documentos y materiales. La experiencia de múltiples países nos demuestra que la modalidad electrónica es confiable.

 

2.- Televisoras y radiodifusoras exclusivas para transmitir los mensajes de los partidos políticos, evitando así que quien no quiera escucharlos, se exponga a enterarse de manifestaciones (guerra sucia) que nada tengan que ver con la disposición legal de que “tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado”. Esta propuesta en esencia la he tomado de una similar que en alguna ocasión formuló el Profr. Isaías Orozco Gómez, la cual me pareció muy pertinente.

 

3.- Mínimo e igual financiamiento público para todos los partidos políticos, que únicamente garantice su operación básica, con la finalidad de que ellos mismos consigan los recursos necesarios para que realicen sus actividades ordinarias y las de campaña electoral. Lo anterior, sin que implique la ausencia de un efectivo sistema de fiscalización de dichos recursos que sancione cualquier irregularidad de manera severa, independientemente de que se trate de recursos distintos al financiamiento público. Nada justifica que un partido tenga más apoyo del erario que otro, ya que precisamente eso ofrece ventaja a unos sobre otros.

 

4.- Garantizar la igualdad de oportunidades en las candidaturas, a efecto de que cualquier militante pueda ser postulado a algún cargo de elección popular, además de que se establezcan limitantes para que no sean unos cuantos quienes repetidamente disfruten de tales postulaciones, evitando, por otra parte, las llamadas candidaturas de unidad. Es desde la selección de los candidatos donde comienza el proceso de lo que se supone debe ser una auténtica representación popular. No es cualquier cosa.

 

5.- Designación de consejeros electorales que no deje lugar a dudas en cuanto a su desempeño (ya sean nacionales, estatales, distritales o municipales), mediante un proceso de selección que evite cualquier sospecha de ligas o sometimiento a partido político o interés alguno distinto a lo que le es permitido y/o exigido por la ley. Dicha selección pudiera hacerse a través de una convocatoria pública que mediante un procedimiento específico reclute a quienes reúnan el perfil adecuado, y de entre ellos insacular a quienes resulten ganadores. Si ese sorteo final se efectúa con 50, 100, 200 o con el número de personas que efectivamente cuenten con el perfil requerido, entonces qué problema debe haber para que se designe al azar a dichos funcionarios, si se supone que éstos deben tener una actuación apegada a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad.

 

6.- Que la autoridad electoral administrativa no haga el trabajo de los órganos jurisdiccionales, pues le distrae gravemente de su actividad principal que es la organización de las elecciones, además de que le provoca serios conflictos con los partidos políticos cuando estos son sancionados, afectando el papel de dicha autoridad como árbitro de la elección.

 

7.- Analizar la pertinencia de que permanezcan los organismos públicos locales –conocidos como “OPLE´s” y que vienen a ser los institutos estatales electorales-, pues además del costo que representa su financiamiento, no hay que perder de vista que el Instituto Nacional Electoral (INE) desde hace unos años ha venido haciéndose cargo del 70 u 80 por ciento de las actividades que representa un proceso electoral local, además de que cuenta con un Servicio Profesional Electoral consolidado y con una probada experiencia en la materia. De ser viable que el INE se haga cargo completamente de las elecciones federales y locales, habría que considerar el aprovechar la experiencia y preparación de los miembros del Servicio Profesional Electoral de lo OPLE´s, y del demás personal que acredite contar con el perfil correspondiente. 

 

8.- Considerando que el otrora Instituto Federal Electoral –antecedente del INE- fue producto de las exigencias y de las luchas sociales, en virtud de la inconformidad por los manejos oscuros y/o ventajosos que en la organización de los procesos electorales prevalecían antes de su creación, es importante que al actual INE se le dé el trato de una institución íntimamente ligada a los intereses de la sociedad mexicana, y cuidar que tanto en la conformación y operación de sus diferentes órganos por ningún motivo prevalezcan intereses ajenos a los antes mencionados, debiendo protegerla de ataques irresponsables y tendenciosos que finalmente afectan a todos los mexicanos, creando una grave desconfianza hacia su actuar y perturbando considerablemente el ánimo participativo que debe predominar en los electores. Indudablemente debe exigírsele a la autoridad electoral, pero únicamente cuando se cuente con las pruebas fehacientes de un mal actuar, pues de otra manera estaríamos denostando a una institución que, insisto, es de todos los mexicanos.

 

Existen múltiples aspectos que hay que considerar en un afán de mejorar la participación ciudadana en las elecciones y en la organización de las mismas, pero las anteriores son sólo algunas de muchas propuestas de quien esto escribe, pensadas en que pudieran reflejar los legítimos intereses de la sociedad en general.