La rebelión de los gobernadores en contra de los coordinadores estatales PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Eduardo Fernández   
Domingo, 02 de Diciembre de 2018 11:19

Eduardo Fernández.

 

 

Perfil humano.

 

A una semana de la toma de posesión del próximo presidente de la república una docena de gobernadores panistas manifestaron su inconformidad por las funciones que ejercerán los nuevos coordinadores estatales.

 

La gota que derramó el vaso fue que los “superdelegados” serían los encargados de presidir las reuniones de coordinación de los consejos estatales de seguridad mientras que los gobernadores y fiscales estatales serían solo invitados.

 

Además los mandatarios estatales de la oposición están descontentos por no haber participado en la elaboración del presupuesto federal del próximo año. Al menos así lo han manifestado en los medios en los últimos días.

 

La nueva figura de coordinadores estatales considerados como una especie de “superdelegados” es para los gobernadores una amenaza pues ejercerían un poder paralelo al que estos ejercen y sería una forma disimulada de centralismo pues dependerían directamente del presidente así como una manera anticipada de proselitismo electoral de los programas sociales.

 

Con pros y contras los coordinadores estatales por lo pronto empezarán a funcionar a partir del primero de diciembre. La polémica guardia nacional también será instalada pese a las protestas de las organizaciones de la sociedad civil que ya no aceptan más militarismo en el país.

 

La sombra de un futuro autoritarismo presidencial se dibuja en el horizonte no solo por la actitud mostrada ante los gobernadores sino en general ante las críticas  en contra.

 

El pasado fin de semana se llevó otra encuesta “patito” solo para intentar justificar las decisiones del presidente electo como lo hizo con el NAIM. Eso a pesar de que el coordinador de los diputados federales de Morena había declarado que la encuesta sobre el aeropuerto era la primera y última de ese tipo.

 

Otra declaración aún más inquietante es la de que López Obrador propone un “borrón y cuenta nueva” a la corrupción de los anteriores presidentes pues justifica que al aplicarles la justicia se podría dar una inestabilidad política que no le permitiría dedicarse a sus proyectos.

 

Aunque después matizó lo anterior, para variar, con la propuesta de someterlo a consulta como si la aplicación de la ley no fuera una obligación inherente al jefe del ejecutivo. Si para llegar a la presidencia López Obrador llegó a un acuerdo para perdonar al presidente saliente, su deber como presidente ahora sí legítimo y legal será cumplir con lo que juró ante la constitución.

 

Lo paradójico del asunto es que la gente votó por él para que combatiera la corrupción y no para que magnánimamente absolviera de toda culpa a quienes han  saqueado al país en las últimas décadas.

 

Amén de que  un perdón sin justificación alentaría el aumento de la corrupción debido a la impunidad inherente, sería incongruente que un presidente de oposición que ha enarbolado la bandera en contra de la corrupción ahora se transforme en un cómplice complaciente después de haberla denunciado en sus campañas electorales.

 

Por el mismo tono está la prometida amnistía a los criminales, la cual si se aplica en forma arbitraria y populista solo acrecentaría la indignación de quienes han sido víctimas de los mismos.

 

Al menos el asunto de los coordinadores estatales pareció despertar a una oposición aletargada y paralizada por la derrota electoral del primero de julio. El PAN, PRI, PRD y MC han anticipado que demandarán jurídicamente la inconstitucionalidad de esta nueva figura y esperemos que actúen como un contrapeso real ante lo que se perfila como un presidencialismo autoritario y centralista.

 

El Clima