Los riesgos de una nueva reforma electoral PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Benito Abraham Orozco Andrade   
Lunes, 17 de Junio de 2019 15:21

Benito Abraham Orozco Andrade.

 

Con motivo de las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988, la mano del Poder Ejecutivo (federal y local) y del otrora partido político hegemónico, tuvieron que ir soltando poco a poco la rienda de los procesos electorales en México.

 

La expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la creación del Instituto Federal Electoral en 1990 (así como los demás cambios que en materia electoral se han presentado hasta la fecha), no han sido logros que podamos circunscribir sólo a la elección en comento, ni a la voluntad de quienes en ese momento detentaban el poder, sino que fueron producto de verdaderas luchas que por décadas llevaron a cabo los partidos políticos de oposición en busca de implementar un auténtico régimen democrático en nuestro país (algo a lo que todavía le falta bastante camino por recorrer). Tuvieron que vivirse persecuciones, desapariciones, torturas, destierros, etc.

        

En consecuencia, lo que tenemos hoy en lo que a democracia electoral se refiere, ha sido de un avance tan significativo que no podemos correr el riesgo de que con la próxima reforma electoral que se ha venido anunciando desde hace meses, derive un retroceso.

 

Las iniciativas que se han presentado o mencionado por legisladores del Congreso de la Unión, son tan disímbolas en temas como en actores. Entre otros aspectos se propone: la desaparición de los Ople´s (comúnmente conocidos como Institutos Estatales Electorales), y en consecuencia que el INE organice todos los procesos electorales federales y locales; eliminación o disminución de los diputados federales de representación proporcional; otorgar como financiamiento público a los partidos políticos el 50% de lo que actualmente se encuentra establecido; implementar la urna o voto electrónico; disminuir el número de consejeros electorales nacionales con que cuenta el INE o desaparecerlos; contar con la estructura del INE en el país únicamente cuando sea proceso electoral; etc.

 

Pues bien, el haber iniciado la presente colaboración con el antecedente de la elección presidencial de 1988, así como el mencionar el alto costo que se ha tenido para lograr el importante avance en democracia electoral que hoy tenemos, es para alertar sobre el riesgo de algún cambio que como sociedad nos pudiera perjudicar.         

 

La búsqueda de contar con elecciones y organismos electorales menos onerosos, indiscutiblemente es un propósito por demás legítimo, pues entre otras cuestiones, la existencia de millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza así lo exige. No obstante, el haber consolidado una institución autónoma que organice los procesos electorales (el INE) y donde el Poder Ejecutivo ya no tiene influencia alguna, es un logro que debe cuidarse, fortaleciéndolo cada vez más.

 

De suma importancia es cuidar que, de darse la multicitada reforma, no dar margen alguno para que un grupo de personas, partido o partidos y/o el propio Gobierno, sean quienes determinen e influyan en las personas que deben dirigir los distintos órganos electorales. Sería un grave retroceso del cual, no dudemos, nos arrepentiríamos profundamente.

 

De considerarse la desaparición de los Ople´s, sería un error el pretender debilitar al INE con la desaparición del Consejo General (su máximo órgano de dirección), pues son múltiples y significativas las funciones que desempeña. En todo caso, atendiendo a la desconfianza que ha generado la forma como son designados los consejeros electorales nacionales -que se dice es por cuotas de los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados-, para evitar esa suspicacia sería conveniente designarlos al azar, una vez que se cuente con el total de personas que hayan pasado los filtros necesarios para demostrar capacidad, experiencia y, principalmente, que no cuenten con antecedentes que pudieran implicar un desempeño parcial en favor de intereses ajenos a la función electoral.

 

Asimismo, como parte de los valiosos avances en la materia que nos ocupa, se encuentra el de contar con un Servicio Profesional Electoral cuya preparación y experiencia, según se ha demostrado elección tras elección, ha contribuido a que desde el año 2000 la alternancia en el poder sea algo normal, incluso en la pasada elección Presidencial de 2018.

 

Pues bien, dentro de las expresiones que han surgido respecto de la anunciada reforma electoral, también se encuentra la de eliminar la estructura de las 300 juntas distritales ejecutivas del país, contratando personal únicamente cuando haya que organizar un proceso electoral. En tal supuesto, nos encontraríamos con la desventaja de que seguramente sean personas improvisadas las que cada 3 años tengan la responsabilidad de disponer lo necesario para recibir y contar, con la garantía del debido respeto de su sentido, el voto ciudadano.

 

Es correcta la afirmación de que nadie es indispensable ante tal o cual situación o actividad, pero en una materia tan delicada para la nación, que cuenta con diversas peculiaridades ya no digamos en cada entidad federativa, sino de una población a otra dentro de un mismo municipio, no debe prescindirse de una estructura que ha venido ofreciendo elecciones confiables en todo el país (expresiones en contra las hay, y son muy respetables).

 

Ya habrá oportunidad de tratar más ampliamente las demás propuestas que se han venido manejando para la multimencionada reforma, pero por lo pronto se haría la invitación para que se investigue cómo eran las elecciones antes de la creación del Instituto Federal Electoral (antes de la década de los noventa), para valorar (y en su caso defender) lo que se ha logrado a la fecha.