Desigual, opaco e ilegal el proceso de jueces PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por ERNES   
Viernes, 28 de Junio de 2019 14:35

Ernesto Avilés Mercado.

 

Hablando y escribiendo.

 

Nadie puede ir contra su propia naturaleza

 

“El Juez es símbolo de la justicia y guardián del derecho, por ello los órganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selección del derecho, la vocación, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen juez no se improvisa, requiere del transcurso de años de estudio y práctica en los tribunales para lograr alcanzar las aptitudes que permitan la justa aplicación de la ley. Selección, formación, eficiencia y preparación adecuada son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempeño de la función jurisdiccional independiente”. 

 

El pasado 20 de Agosto del 2018, el pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, dicto un acuerdo, mediante el cual se daba a conocer la asignación de plazas de juezas y jueces de primera instancia concursadas durante la convocatoria 02/2018.

 

Derivado de los resultados y particularmente de la incongruencia entre los lineamientos que se habían expuesto en la convocatoria respectiva, tanto en los procedimientos de evaluación como en los porcentajes que se asignaron a cada una de las etapas del concurso, se presentaron diversas solicitudes de amparo, por parte de quienes consideraron que fueron afectados en su esfera de derechos constitucionales.

 

Una parte de estos amparos, fue solicitada por juristas que habían estado al frente de diversos juzgados, por mucho más tiempo del que establece la ley para ser ratificados; es decir, fungían como juzgadores, con las responsabilidades y obligaciones que esto implica, pero sin el salario, ni tampoco con la certidumbre y seguridad jurídica que otorga el contar con el respectivo nombramiento.

 

El otro argumento que se planteó ante la justicia federal, era el que cuestionaba la  congruencia de la convocatoria, por la irregularidad de los procedimientos, porque no se cumplió con lo que se había establecido, concretamente en la forma de calificación de conocimiento y práctica virtual, donde se especificó que las evaluaciones serían de manera colegiada, pero en la práctica se realizaron por parte de una sola persona.

 

En el tema del examen psicológico, que fué, sin duda el que más polémica generó por parte de todos los evaluados y que incluso provocó que el colegio de psicólogos se manifestara en contra de las decisiones tomadas por el consejo de la judicatura, porque se contrató de manera directa y sin concurso a una escuela local de reciente formación, que tiene nexos con la consejera responsable de la carrera judicial, para que llevara a cabo el examen psicológico de los concursantes, argumentando que no había institución en Chihuahua que pudiera hacerlo y por 4 días de trabajo, cobrara poco menos de un millón de pesos, todos los amparos presentados se refirieron a este tema, porque la evaluación se hizo a partir de un solo criterio, cuando se había establecido que también sería de manera colegiada.

 

En este sentido, la juez federal del décimo distrito Matilde del Carmen González Barboza, estableció en su resolución que el proceso no se sujetó a las exigencias tanto internacionales como constitucionales que para el caso se encuentra reglamentado, por lo que todo el proceso es inconstitucional al verificarse bajo directrices que son contrarias a derecho; en su resolución de más de 150 páginas, concluye que el concurso no garantizo las condiciones de igualdad, transparencia y legalidad de los aspirantes a ingresar al Poder Judicial del Estado, por tanto, se ordena al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que declare nulo el concurso de oposición para la elección de 57 plazas para juezas y jueces de primera instancia con carácter de definitivo.

 

Ante esta resolución, el Consejo de la Judicatura ha establecido su inconformidad, por lo que se espera que se presente recurso de revisión para que un tribunal colegiado pueda revisar la sentencia y todavía, de prevalecer el mismo criterio, se puede solicitar que sea revisado directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Derivado de esta sentencia, se han presentado varios jueces de los 57 para solicitar se les reconozca su carácter de terceros interesados, aunque también se han apersonado ante el juzgado diversos juristas que no resultaron con calificación aprobatoria para solicitar amparo adhesivo.

 

Aunado a esta resolución que evidencia irregularidades de la responsable de la carrera judicial del Consejo de la judicatura, Luz Estela Castro, no hay que olvidar que existe una denuncia ante la fiscalía anticorrupción en contra de ella misma, presentada por un consejero de la judicatura, que en teoría se encuentra en igualdad de condiciones, pero ahora, además un juez federal ordena la nulidad del concurso por irregularidades cometidas en su función, con lo que se pudiera pensar que el juez federal confirma la denuncia del consejero Joaquín Sotelo Mesta.

 

La naturaleza de las personas será siempre orientada por su génesis y nunca podrán ir en contra de ella; no se le puede pedir comportamientos apegados a derecho a quien siempre ha vivido en la ilegalidad; ni transparencia a quien solo conoce la opacidad, pero si se puede poner un alto a quien con su comportamiento lesiona la credibilidad, socaba la confianza y medra la certidumbre de una gran institución como es el Poder Judicial del Estado.

 

La identidad que une al gobernador Javier Corral con los autores de estos acontecimientos, no es nueva, pero si han superado y por mucho las expectativas que se tenían de ellos.

 

El hecho es que, de prevalecer la postura de no aceptar la sentencia, este asunto muy probablemente lo atraerá la corte por la importancia que reviste y muy seguramente también, confirmará la nulidad del proceso, pero lo haría en pleno proceso electoral, lo que sin duda afectaría los intereses del gobernador Javier Corral Jurado, que ya no siente lo duro, sino lo tupido…