La crisis constitucional ocasionada por la Ley Bonilla PDF Imprimir E-mail
Opinión - Columnas
Escrito por Eduardo Fernández   
Viernes, 25 de Octubre de 2019 15:30

Eduardo Fernández.

 

Perfil humano

La tardía promulgación de la denominada Ley Bonilla en Baja California ha detonado una crisis no solo institucional sino también constitucional que deberán resolver ahora con prontitud y transparente legalidad los máximos órganos judiciales del país, el TEPJF y la SCJN.

La absurda e inverosímil historia de la Ley Bonilla inició en Baja California en el año 2014 cuando la legislatura estatal decidió homologar la elección de la gubernatura con los comicios federales. Para ello fue dictaminada una ley que establecía que la duración del próximo gobernador sería de solo dos años, del primero de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2021.

El Instituto Estatal Electoral de esta entidad emitió el 28 de diciembre del 2018 la convocatoria para las elecciones locales del 2019 basándose en lo establecido en la ley citada.

Jaime Bonilla, candidato por Morena, contendió y ganó los comicios con un amplio margen debido al descontento popular por la gestión del gobernador panista Kiko Vega. Sin embargo al parecer el empresario mexicano-estadounidense pensó que tal vez la convocatoria era una broma debido al día en que fue publicada y decidió por sus pistolas gobernar cinco años en vez de solo dos.

Para lograr su cometido recibió un “inexplicable” apoyo mayoritario de los diputados bajacalifornianos de todos los colores, los cuales una semana después de las elecciones decidieron ampliar el periodo de su gobierno a cinco años con otra ley que desde entonces es conocida como “la ley Bonilla”.

Las versiones periodísticas sobre esta disparatada acción legal de los legisladores incluyó el rumor, tal vez no tan disparatado, de que habían sido sobornados con un millón de dólares para cada uno.

El caso es que pese a las críticas fundamentadas publicadas en los medios, incluso de algunos morenistas, debido a que a todas luces es ilegal pues viola algunos principios constitucionales como el de que no se puede legislar en beneficio de alguna persona o grupo en particular.

Así aunque hasta de la presidencia hubo un tibio reproche, así como por parte de algunos líderes de Morena, poco o nada le importó a Bonilla pues se dio el lujo de montar una farsa de consulta con la complicidad de la mayoría legislativa estatal de su partido para disfrazar de popular su intención de prolongar ilegalmente su mandato.

El controvertido asunto ahora depende del tribunal electoral federal y en última instancia de la suprema corte de justicia. Sea cual sea su fallo ya es una prueba de fuego para el actual gobierno federal y para el propio presidente pues deberán demostrar si respetan el actual régimen democrático o se prestan a ser cómplices oscuros de la anticonstitucional y cuestionada Ley Bonilla.