La incapacidad e ignorancia de los jefes policíacos cuestan vidas de ministeriales en Chihuahua PDF Imprimir E-mail
Opinión - Ernesto Avilés Mercado
Escrito por Ernesto Avilés Mercado   
Viernes, 25 de Octubre de 2019 18:45

Ernesto Avilés Mercado.

 

Hablando y escribiendo.

 

La incapacidad del Fiscal Cesar Augusto Peniche para prevenir acciones en contra de los ministeriales asesinados el viernes por la mañana, cuando habían sido amenazados con días de anticipación, es tan grave, como grave también es la ignorancia de Hugo Mendoza, director de la policía Ministerial, para atender y organizar acciones y estrategias; mientras que Javier Corral permanezca ciego, sordo y mudo, los ex agentes federales continuarán al frente de las corporaciones policíacas, a merced de las bandas del crimen.

 

Minerva Correa Hinojosa, es la nueva integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que el próximo lunes, tomará protesta, ante la renuncia irrevocable de la Licenciada luz Estela “Lucha” Castro.

 

 Al margen del posible incumplimiento de los requisitos que se establecen en la constitución, que se han escuchado en algunos medios de comunicación, relativo a que no cumple los diez años de egresada de la carrera de licenciada en Derecho, lo importante es que el Gobernador Javier Corral, le confió esta gran responsabilidad a una joven abogada que había formado parte del grupo de asesores del Congreso del Estado y más recientemente, formaba parte del Cabildo del Municipio de la capital.

 

El nombramiento que ha hecho el mandatario Estatal, ha sido bien recibido por parte del Poder Judicial quien en voz del propio magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos, manifestó su beneplácito para que este próximo lunes, le sea tomada la protesta de ley y de inmediato comiencen en sus funciones.

 

Es importante destacar que derivado de una sentencia de una juez de amparo, se ordenó se repusiera todo el procedimiento de elección de jueces, así como el que se considere firme la ratificación tácita de los jueces que habiendo cumplido más de 3 años en el cargo, no habían recibido su nombramiento respectivo.

 

Esta sentencia, que no ha causado estado, se encuentra en proceso de revisión, solicitada por parte del Tribunal superior de Justicia, por lo que será un tribunal colegiado el que tendrá la responsabilidad de confirmar o modificar dicha sentencia.

 

Mientras tanto, las actividades jurisdiccionales dentro del poder Judicial se encuentran desarrollándose de manera normal; los jueces que habían sido electos mediante el procedimiento organizado por la anterior consejera Lucha Castro, continúan dictando sentencias, sin que se advierta que exista ningún tipo de presión, por el avance que se tiene en el proceso que se lleva en el ámbito de la justicia federal.

 

Por otro lado, la aprobación que se había dado en la Cámara de diputados, relacionada con el cobro por agua para uso agrícola, la creación de un impuesto a las personas extranjeras que visiten nuestro país, así como la exclusión de la minuta que contempla la regularización de los vehículos de procedencia extranjera que se encuentran ilegalmente en territorio nacional, forman parte de las actividades que el Senado de la República le regresó a la Cámara de origen es decir a los diputados para que sean modificadas.

 

Es importante destacar, que los diputados federales representan a las personas, como habitantes de nuestro país, mientras que la cámara de senadores representa a las entidades, de tal forma que la aprobación del paquete económico, ingresos y egresos, le corresponde aprobarlo directamente a la cámara de diputados y solo revisar a la cámara de senadores.

 

Por lo que respecta a la eliminación del pago por el agua de uso agrícola, esto beneficia directamente a los productores del estado, tanto de escasos recursos, como de los que cuentan con huertas nogaleras altamente tecnificadas, que les representan ingresos millonarios en cada cosecha.

 

Hablar de la regularización de autos de procedencia extranjera, es una de las acciones que mayormente beneficiaría a las familias de escasos recursos que han logrado hacer un gran esfuerzo económico para poder adquirir una vehículo de estas características que es mucho más económico que un coche de agencia.

 

Ante las constantes quejas por parte del gobernador Javier Corral en el sentido de que no se apoyan a las finanzas del Estado por parte del Gobierno Federal, la posible regularización de estas unidades que circulan dentro del Estado, le representaría innegablemente un ingreso importante y fresco que mucho vendría a resolver la problemática de la falta de recursos para realizar obras y mejorar la calidad de los servicios que presta el estado.

 

El tema de seguridad es básico en este proceso, y aún y cuando el gobernador Javier Corral, asegura que una gran cantidad de delitos se realizan a bordo de vehículos de procedencia extranjera, la realidad le estalla en pleno rostro, porque de los registros que se tienen, es que las bandas del crimen que operan en la entidad, utilizan vehículos de reciente modelo que son robados en las principales ciudades, de preferencia camionetas que les permitan utilizarlas sin problemas de mantenimiento, precisamente por el buen estado en que se encuentran.

 

La gran mayoría del resto de los vehículos chuecos, son automóviles que ya no les permiten circular en las carreteras de los Estados Unidos o que son afectados por algún accidente y que son comprados por personas de bajo poder adquisitivo que los utiliza para realizar recorridos hacia sus centros de trabajo y eventualmente acudir a algún centro de recreación con su familia.

 

El problema está en que cuando se presentan procesos de regularización, los intermediarios son siempre los que sacan la mayor ganancia, organizaciones que cobran por engomados que no cuentan con ningún sustento legal y que igual corren el riesgo de que les sean decomisados por las autoridades.

 

Lo que sí es reprobable, es que sean las autoridades locales las que encabecen estas acciones, cuando no son capaces de atender los delitos que se cometen en el fuero común, que esa si es su responsabilidad, pero como sucede en muchas de las oficinas del Gobierno del Estado, cada quien hace lo que quiere, finalmente no hay nadie que los corrija.