IEE, TEE, Ichitaip, diputados, regidores: La falsa austeridad del “amanecer” PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Luis Javier Valero Flores   
Domingo, 27 de Octubre de 2019 06:22

Luis Javier Valero Flores.

 

Urge un nuevo diseño del gobierno y de los organismos autónomos. Nuevo litigio en el Ichitaip. La diputación de Morena cada vez peor. El gobierno de Corral se desentiende de los dirigentes indígenas y los derechohumanistas. Los matan y nada pasa.

 

Dos sucesos ocurridos en la semana pusieron nuevamente en la preocupación ciudadana el papel y el costo de los distintos órganos del gobierno:

 

La propuesta del presupuesto del Instituto Estatal Electoral (IEE), elaborada por los consejeros electorales y la reforma en el número de consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).

 

¿Por qué no limitar el tiempo de labores de los consejeros electorales, de los diputados, de los regidores, de los magistrados electorales y, por consiguiente, pagarles solamente por el tiempo en que trabajen?

 

Para que esto ocurriera debieran aprobarse diversas reformas, entre ellas que durante el tiempo en que desempeñaran labores de estos cargos sus patrones -en caso de tenerlos- les otorgaran licencias y seguridad de la permanencia en su trabajos, de manera obligada.

Segundo, efectuar una drástica disminución de los emolumentos de los funcionarios públicos de estas categorías.

 

Va por partes:

 

Los consejeros electorales solo trabajan de manera continua a lo más 3-4 meses del año electoral, incluidas las actividades previas al real inicio de las campañas electorales, en las que su trabajo es básicamente aprobar todas las actividades previas a la votación: La selección de personal que buscará a los funcionarios de casilla y su capacitación, la instalación de las asambleas municipales, etc.

 

En estos casos se podría establecer una especie de pago por jornada efectuada y el pago completo durante los meses de trabajo continuo. En la actualidad, los consejeros electorales perciben ingresos por todo el año, incluidos los años en los que no hay procesos electorales.

 

Esos ingresos se han convertido en auténticas becas para ellos.

 

Y no es una frase. A lo largo de los años, muchos de quienes accedieron a esos cargos y la mayoría de quienes se desempeñaron en la estructura burocrática -cuyos empleos se mantienen a lo largo del año- lo han aprovechado para estudiar las licenciaturas, quienes no las tenían, o para efectuar estudios de postgrado. No han sido poquitos los beneficiarios de este regalo de la época de las “elecciones competitivas”.

 

Por otro lado ¿Para qué necesitamos a diputados que simulan trabajar todo el año y prácticamente la mayoría sólo efectúa trabajo legislativo en las sesiones?

 

¿Porqué no restringir sus labores -y sus pagos- a solamente dos o tres meses al año, los necesarios para efectuar y aprobar las cosas que realmente necesitan conocer y resolver, con jornadas diarias a lo largo del período de sesiones, para lo cual, como ya se tiene, quienes deban preparar los estudios, dictámenes y demás, sean los equipos de asesores ya existentes?

 

No solamente los actuales diputados, todos los que pasan por ese cargo lo utilizan, preferentemente, para actividades político-partidarias y/o personales y no pocos lo han usado, como los consejeros electorales, para estudiar y capacitarse en las áreas de sus actividades privadas.

 

¿Y los regidores? N’ombre, esa sí que es una beca completa.

 

Estos funcionarios tienen la obligación de acudir a las sesiones de cabildo -generalmente una al mes, y en los municipios más grandes, dos-, pero de ahí en más, si quieren, pueden acudir a las sesiones de sus comisiones (como los diputados), pero si faltan no pasa nada, igual que con los diputados y ganan verdaderas fortunas pues los regidores de las dos principales ciudades del estado ganan más de 60 mil pesos mensuales.

 

¿Por qué no hacer estos cargos casi honorarios y pagarles a quienes accedieran a esta función por trabajos desempeñados? ¿Se puede hacer lo mismo en el Ichitaip?

 

Claramente no, la función que debieran realizar los consejeros de este organismo es diferente, se realiza de manera permanente a lo largo del año y se pueden aplicar, eso sí, al igual que en toda la administración pública una aguda disminución de los salarios de los funcionarios de los primeros niveles e igualarlos a los que devengan los catedráticos más calificados de las principales universidades públicas de la entidad.

 

¿Porqué debemos pagarle más a un diputado, un regidor, un consejero electoral, un magistrado electoral o un consejero de transparencia, más que al más calificado de los catedráticos e investigadores universitarios?

 

Ahora bien, la reforma para disminuir a tres los consejeros del Ichitaip, en lugar de los cinco que existen actualmente, no tiene otro objetivo que el de ahorrarle al grupo gobernante el difícil trago de tener que negociar con el resto de las fuerzas políticas los nombramientos de los dos que debieran sustituirse al  final del año, en virtud del término del período de dos de las consejeras.

 

Como en todo el quinquenio del “Nuevo Amanecer”, las reformas legislativas las han efectuado en el filo de la navaja de la ilegalidad, con la comisión de posibles actos inconstitucionales, pues la reforma, debido a que es constitucional, aún deberá pasar por la aprobación de más de 20 municipios que posean más de la mitad de la población del estado, por lo que habrán violado la norma vigente que establece que la convocatoria para designar a los nuevos consejeros deberá emitirse por el gobernador del estado, el presidente del Tribunal Superior del Estado y el presidente de la mesa directiva del Congreso, con 45 días de anticipación al término del período de los que se van.

 

Así, el gobierno de Chihuahua se encamina a un nuevo litigio ante el Poder Judicial de la Federación, que muy probablemente perderá pues las violaciones constitucionales saltan a la vista, todo por el afán del gobernador Corral de mantener bajo su control a este organismo y hacer a un lado a quien fuera su primer presidente, Rodolfo Leyva, removido de manera ilegal y cuyo caso aún deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Bueno, pues aún no se resuelve ese conflicto y el gobierno de Corral enfrentará otro y que, como el anterior, también perderá, en lo que es un completo desastre de su gobierno en materia jurídica.

 

Pospuesta la discusión y la aprobación, para hacerlo finalmente en la sesión del 22 de octubre, sin que se encontrara en la orden del día, y haciéndolo de manera por demás sorpresiva, el grupo mayoritario del Congreso obtuvo el apoyo de la casi totalidad de los grupos parlamentarios, incluido el de Morena.

 

Veinticinco diputados votaron a favor de la reforma argumentando que era en favor de la austeridad promovida por el gobernador Javier Corral.

 

Es, como ha sido a lo largo del actual gobierno estatal, nuevamente una reforma legislativa a modo. De ahí la enorme responsabilidad y, sin duda alguna, afán entreguista del grupo parlamentario de Morena, que a pesar de los muy duros golpes recibidos por el corralismo, votó a favor de esta reforma sin tener a la mano un solo elemento para considerar que se favorecería el ahorro presupuestal.

 

Los diputados de Morena le hicieron el trabajo sucio al gobierno del Nuevo Amanecer y le favorecieron mantener en el órgano garante de la transparencia la misma vocación opacista del gobierno anterior, el de Duarte, y el actual, diferenciado solamente por el discurso enarbolado por el actual gobernante pero que en los hechos es el mismo patrón, que además de mantener la opacidad sobre el actuar gubernamental, continúa en la tendencia de que el titular del Poder Ejecutivo intenta mantener un control absoluto sobre los organismos autónomos, sobre los otros poderes y, en general, sobre toda la vida pública de la administración estatal.

 

ACTIVISTAS BAJO FUEGO.- A los viles asesinatos de los seis miembros de la familia de Julián Carrillo, cuya ejecución un año atrás fue recordado por sendos actos críticos con la participación de la organización Amnistía Internacional, se sumó el reciente asesinato del activista Cruz Soto Caraveo, integrante del colectivo de familias desplazadas por el crimen organizado en el municipio de Guazapares.

 

Como los Carrillo, Soto Caraveo fue ultimado a pesar de contar con medidas de protección de los gobiernos estatal y federal.

No pasa nada, son vidas de desecho para el gobierno corralista Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla