Régimen represivo al interior del INE PDF Imprimir E-mail
Opinión - Columnas
Escrito por Benito Abraham Orozco Andrade   
Lunes, 28 de Octubre de 2019 18:23

 

Benito Abraham Orozco Andrade.

 

Una de las instituciones que en nuestro país debiera ser la más representativa de la democracia, lo es el Instituto Nacional Electoral (INE). Su génesis, marcada por las exigencias sociales en contra de una hegemonía que por décadas acalló inconformidades, así lo hace suponer.

 

Bien pudiera considerarse que, hacia el exterior, el INE en general ha hecho un buen papel, pero en el ámbito doméstico, la realidad es completamente distinta. Quienes laboran en dicha institución, se encuentran sometidos a un régimen represivo, derivado de la concatenación de diversas normas y prácticas internas, en su mayoría. Son demasiadas las personas que al interior de la institución ejercen su jerarquía en base a filias y fobias, desconociendo cualquier mérito.

 

El principal problema que lo hace propicio deriva de la consideración absurda que se hace del personal del INE como de “confianza” (artículo 206, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), lo que conforme a la legislación laboral mexicana es un impedimento para formar un sindicato. En tal virtud, no es factible contar con una organización con representación formal ante las autoridades para la defensa de los derechos de los trabajadores, como sí ocurre en muchas instancias públicas. Mantener desarticulada a la estructura del INE a lo largo y ancho del país, es algo que ha servido para mantenerla controlada y sumisa en no pocos casos. Divide y vencerás.

 

Asimismo, existe una figura que pueden manejar -y manejan- a su antojo dentro de la institución, que es el “cambio de adscripción por necesidades del servicio”, con la cual determinadas autoridades superiores pueden mover de ciudad o de entidad federativa a cualquier trabajador, ejerciendo una facultad prácticamente absoluta. Las consecuencias personales, familiares y económicas resultan ser graves, pues a la esposa e hijos del trabajador, en su caso, no les es posible seguirlo en virtud de los intereses o compromisos de trabajo, escolares y/o afectivos que tienen. Por tal motivo, es preferible no incomodar a los de arriba y en la medida de lo posible tener que agradarles, pues de lo contrario se está expuesto a un cambio de tal naturaleza.

 

Por otra parte, de las poco más de 17,000 personas que laboran en el INE, alrededor de 7,000 se encuentran contratadas como “prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios”, en términos de la legislación civil federal con cargo al capítulo se servicios personales, por tiempo determinado, “sin exceder de un ejercicio fiscal”, lo que es una completa simulación, pues en realidad desempeñan una relación laboral como cualquier otro trabajador de la institución, y así lo han venido haciendo por años -y en múltiples casos por décadas-, violándoles diversos derechos.

 

Con motivo de lo anterior, los mal llamados prestadores de servicios tienen que estar supeditados a que, al inicio de cada ejercicio fiscal, “haya la voluntad” para que se les renueve su contrato, lo que los obliga a adoptar una actitud de “disciplina institucional”, evitando hacer alguna manifestación de inconformidad por sus condiciones laborales, so pena de sufrir alguna rescisión de su contrato o la no renovación del mismo, condición que es aprovechada por sus superiores para mantenerlos sumisos y en algunos casos complacientes ante sus mezquinos intereses.

 

Lo referido líneas atrás, representa sólo algunos ejemplos de lo que actualmente ocurre hacia el interior del INE, pero sus autoridades, en lugar de escuchar las denuncias y planteamientos que se les han formulado sobre esas y otras irregularidades, principalmente de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional Electoral (CNTINNE), ahora pretenden llevar a cabo una reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, implementando, entre otras cuestiones, la Carrera Profesional Electoral basada en una “movilidad geográfica y funcional”, con la continuidad de esa facultad prácticamente absoluta para poder cambiar de adscripción al personal, lo que, como ya se mencionó, es contrario a su bienestar personal, familiar y económico.

 

Además, la citada Carrera Profesional Electoral impediría la experiencia y especialización en un cargo determinado, lo que precisamente ha venido a ser una de las virtudes de dicho Servicio Profesional. Por otra parte, inhibiría la consolidación y fortalecimiento de equipos de trabajo, que si lo consideramos junto con la señalada movilidad de adscripción, viene a agravar el régimen intimidatorio que se vive al interior del INE. Todo lo anterior se contrapone por completo a la “Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención” (DOF 23/10/2018), que entró en vigor el día 23 de octubre de 2019.

 

Indudablemente habrá voces muy respetables al interior del INE que, por no haber tenido una mala experiencia en su relación laboral, considerarán que lo que se vive y lo que se pretende reformar es adecuado, pero indudablemente habrá otros que pretendiendo quedar bien con las autoridades superiores, se opongan con argumentos absurdos y complacientes a las denuncias referidas.

 

De lo que sí existe la convicción, es que por ningún motivo y a pesar de lo adverso que se pudiera ver el panorama, no deben cesar las acciones en favor de todas esas personas que han sido objeto de represalias y que, por temor, aún no se deciden a exigir abiertamente el respeto a su dignidad.

 

Son más las personas que simpatizan con las acciones que ha venido llevando a cabo la CNTTINE, que las detractoras, y es tanta la inconformidad entre quienes trabajan al interior del INE, que no tardarán en sumárseles abiertamente.

 

El INE está obligado a ser CANDIL DE LA CALLE, PERO SOBRE TODO, RESPLANDOR DE SU CASA.