La lectura que se debe hacer de la "defensa" del INE PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Benito Abraham Orozco Andrade   
Martes, 17 de Diciembre de 2019 14:23

 

Benito Abraham Orozco Andrade.

 

En esa vorágine de manifestaciones de defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), han surgido algunas aduciendo que se quieren apropiar de la institución, pero en ello habrá que ser muy claros y decirlo: actualmente el INE ya tiene propietarios, y son precisamente quienes lo dirigen.

 

Los consejeros electorales del Consejo General y quienes integran la Junta General Ejecutiva, entre otras cuestiones, han venido manejando a su antojo la estructura de la institución, haciendo designaciones a diestra y siniestra en tales o cuales cargos sin importar perfiles y méritos, como seguramente sucederá en una serie de reacomodos que están en puerta. Lo anterior, amén del régimen represivo y caciquil que prevalece en su interior en contra de los trabajadores, en lo cual tales autoridades son responsables por acción y/o por omisión.

 

En tal virtud, efectivamente cabe hacer una defensa del INE, pero con una visión de una institución que debe responder a los legítimos intereses de la sociedad mexicana, pues es precisamente a ésta a la que más sacrificios le ha costado, por décadas, su creación y consolidación. Debe fortalecérsele por el bien de todos, tanto en lo que se refiere a las amenazas externas que realmente pudieran existir, como en su interior, siendo conscientes y sensibles ante el gran desaseo (término eufónico por consideración al amable lector) que desde hace varios lustros ha venido perjudicando a sus poco más de 17 mil empleados.

 

Como parte de las diferentes posturas “defensoras” del citado órgano electoral, hay una que sin autoría anda circulando en las redes sociales y que me pareció sumamente interesante (el título de la presente colaboración, es coincidente con el de la citada opinión), debido a que aborda el tema desde un enfoque constitucional que, hasta donde he tenido conocimiento, no se había manejado, por lo cual, con el propósito de aportar a la palestra una opinión más sobre el tema en comento, me permitiré transcribirla íntegramente a continuación: 

 

“El Apartado A, Base V del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el máximo órgano de dirección, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, en dicho artículo se señala que en el ejercicio de la función de organizar las elecciones, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores que deben acatar sus funcionarios. En lo que sigue, debemos estar atentos al principio de imparcialidad.

 

“En buena parte del presente año la mayoría de los consejeros electorales del Consejo General del INE, desde distintos foros han estado alertando a la sociedad, sobre la presunta captura o subordinación del Instituto que la fuerza política que hoy detenta la mayoría en la Cámara de Diputados del país, pretende realizar. De concretarse tal asalto a la institución, señalan, su autonomía se vería seriamente comprometida.

 

“Lo que no se revela en esta ´defensa´, es que en la Constitución está el diseño para nombrar a los consejeros electorales y que ese mecanismo de designación esta vez no favorece a los intereses de los partidos que en su oportunidad integraron el actual Consejo General, y que ahora están en desventaja en la Cámara de Diputados.

 

“Con los resultados del pasado proceso electoral la correlación de fuerzas cambió. La designación de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral que terminan su periodo en abril próximo, le corresponderá al partido que llevó al poder al actual Presidente de la República y que, por sí solo o con sus aliados, posee en la Cámara de diputados las dos terceras partes para nombrarlos. Así está el diseño constitucional para la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tal vez no sea el mecanismo más adecuado, porque deja la designación en manos de los partidos políticos, a través de sus fracciones parlamentarias; pero así ha sido siempre y, si esas son las reglas, no queda otra opción más que admitirlo, en vez de confundir a los ciudadanos.

 

“Ese frenético activismo de los consejeros electorales da la razón a quienes declaran que el Consejo General es un órgano político, debiendo ser exclusivamente técnico-administrativo. La circunstancia de que desde el interior se acuse ahora de una presunta captura política, a partir de la designación de los próximos consejeros o de la reforma electoral siguiente es porque tal vez, tácitamente los que están en funciones reconocen que el Instituto ha estado y sigue estando subordinado a los intereses de los partidos por los que fueron designados. Este comportamiento vulnera claramente el principio de imparcialidad que todos los funcionarios electorales deben observar.

 

“Cabe la presunción de que si antes se no se había hecho una defensa del Instituto, con el frenesí de estos meses, es porque quizás existía un alineamiento perfecto de los consejeros electorales con los intereses de los partidos, hoy en minoría, y que está a punto de romperse.

 

“Conviene recordar la integración del Consejo General que la Cámara de Diputados realizó en el 2003. En sentido estricto, sólo fueron dos partidos políticos los que decidieron su formación. A ello siguió el contexto de la exacerbada polarización política del país, para pretender bajar de la contienda electoral al personaje que ampliamente gozaba de la preferencia ciudadana rumbo a las elecciones presidenciales de 2006. Muchas instituciones públicas del país como la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, e instituciones privadas como la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, diversas iglesias y otros poderes fácticos, se sumaron al linchamiento político del personaje que electoralmente estaba mejor posicionado. Como pretexto, se le acusó de desobedecer una sentencia judicial.

 

“Ese fue el contexto en el que se mandaron al diablo ´sus instituciones´, esas instituciones subordinadas y desviadas de sus fines públicos. No se mandaron al diablo ´las instituciones´, como perversamente se quiso y se sigue haciendo creer. De lo que hay certeza es que el comportamiento de todas estas instituciones, públicas o privadas, no fue democrático y tampoco fueron demócratas los personajes que las dirigían. Tal vez se añoran esos tiempos.

 

“No hay razones para rasgarse las vestiduras. Si es cierto lo que ahora se señala, de que existe un propósito de captura o subordinación de la institución, entonces tenían razón los actores políticos que en su tiempo acusaban de parcialidad al Instituto. Lo que se diga en sentido contrario, será pura retórica doctrinaria o academicista”.

 

         Espero que lo anterior, como un punto de vista más pero no menos importante a considerar, abone a formarnos un criterio responsable sobre un asunto que es toral para todos los mexicanos: la defensa y el fortalecimiento de nuestra democracia electoral.