Los asegunes de la nueva Ley del Notariado del Estado de Chihuahua PDF Imprimir E-mail
Opinión - Devenir
Escrito por Carlos Mario Alvarado Licón   
Miércoles, 08 de Enero de 2020 10:30

Carlos Mario Alvarado Licón.

 

El derecho a la seguridad jurídica de los más pobres.

 

A partir del 1 de enero de 2020, entró en vigor la nueva Ley del Notariado del Estado de Chihuahua a fin de corregir algunas prácticas perniciosas en las cuales incurrió durante la pasada administración estatal y los notarios, sobre todo en la asignación de patentes y lagunas legales para que los padres notarios legaran a sus hijos las notarías.

 

Sin embargo, la ley no fue pensada para los habitantes, ya que los costos de los servicios de honorarios de los notarios son realmente onerosos, al grado que algunos de ellos, obtienen ganancias  superiores a los 100 mil pesos mensuales.

 

La extensa ley[1]de más de 200 artículos que deroga la antigua ley de 1995, endurece la normatividad por exámenes por oposición para la designación de notarios; elimina parcialmente la discrecionalidad del ejecutivo en otorgar las patentes de notario hasta que la población crezca a 50 mil habitantes por cada uno de ellos, y otras linduras relacionadas con el manejo concreto de cada una de estas concesiones.  

 

Asociaciones civiles sin fines de lucro de reciente creación están a merced de la caridad de los notarios para “que rebajen” sus costosas aranceles para la escrituración de sus actas constitutivas; cientos de miles de viviendas de hogares pobres se encuentran en situación irregular; miles de indígenas, migrantes, personas de la tercera edad padecen de inseguridad jurídica en su persona o en sus propiedades.

 

Aunque proporcionalmente existe un notario por cada 42 mil habitantes en el Estado de Chihuahua, es irreal en cada uno de los 14 distritos judiciales: La mayor parte están concentrados en las zonas urbanas donde la actividad económica les genera mayores ganancias.

 

Actualmente 120 mil habitantes de los 8 municipios más pobres (de 3 distritos judiciales más pobres y marginados como Ocampo y Mina (Municipio de Guadalupe y Calvo) y Arteaga en Chínipas[2] no se cuenta notario, mientras que en Guachochi, existe un notario para atender 72 mil habitantes de 3 municipios.

 

La mayor concentración está en el Distrito de Ojinaga, con 14 mil habitantes promedio por notario; en Guerrero con una jurisdicción de 5 municipios con 17 mil habitantes en promedio. En el Distrito Camargo con un jurisdicción en 4 municipios poseen un promedio de 22 mil habitantes por notario.  En el distrito de Jiménez con 2 notarios, con un jurisdicción en 4 municipios poseen un promedio de 28 mil habitantes por notario.

 

Menor concentración de notarios por habitante es en el distrito en Hidalalgo del Parral  con una población proporcionl de 32 mil 606 habitantes por notario; en el Distrito Abraham González (Delicias) con una jurisdicción de 4 municipios tiene 34 mil habitantes en promedio por notario.

 

La capital (El distrito Morelos) no se queda atrás. Con una jurisdicción de 8 municipios cuenta con una población promedio de 34 mil 800 habitantes por notario, mientras que el Distrito Bravos (Cd. Juárez) con 4 municipios tiene a un promedio de 43 mil 712 habitanes promedio por notario y Galeana para 47 mil habitantes por notario y Cuauahtémoc con  51 mil habitantes.

 

El otorgamiento de patentes es un simple negocio, ya que a los notarios se les autoriza cobrar tarifas elevadas y éstos deben pagar los derechos al gobierno del Estado.

 

Inclusive bajo ley, el notariado es cómplice de la propaganda de los gobiernos, ya que en sus programas para garantizar la seguridad jurídica de las personas y bienes (regularización y titulación de viviendas, programas para fomentar el testamento, etc.) los notarios establecerán aranceles con el 50% menor al comercial.

 

Como dador de patentes el mismo gobierno obliga a los notarios a cobrarles esa tarifa rebajada a “los actos o contratos donde se adquiera, trasmita o modifique la propiedad inmueble por parte del Gobierno del Estado. Igualmente, las reglas que determinarán la equivalencia en horas para acreditar las actividades académicas señaladas en el último párrafo del artículo anterior”, tal y como lo establece el artículo 38 de esa ley.

 

La Ley del notariado del Estado de Chihuahua no introdujo como requisito fundamental para el otorgamiento de patentes a los aspirantes, la “fama pública”, ya que sólo basta “Haber tenido y tener buena conducta privada y profesional y no haber recibido condena por delito doloso.” Tampoco limita a la entrada de la burocracia al notariado, ya que sólo les exige un plazo de 3 meses de haber renunciado al servicio público, antes de presentarse al examen de oposición.

 

Es decir, la tentación de premiar a personajes de la política y de partidos es grave: Y lo ratifica el artículo 3 transitorio:

 

“Las patentes que en su momento fueron expedidas en favor de las actuales notarias y notarios públicos, así como aspirantes al ejercicio del Notariado en el Estado, mantendrán su vigencia y efectos, y tendrán el carácter de permanentes y vitalicias, sin necesidad de reexpedirlas. Las notarías y notarios públicos con patentes expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, podrán continuar con la misma numeración en sus libros de protocolos y de instrumentos.”

 

 Bajo esta ley, el Gobierno del estado no licitará más patentes de notarios, lo que incrementará las ganancias de los 84 notarios. 

 

Mientras tanto, los notarios que recibieron notarías como favor político al sistema gubernamental  y la falta de honorabilidad de algunos continuaran con su patente vitalicia, como es el caso un notario de Hidalgo del Parral, a pesar de haber sido procesado penalmente por su probable participación en el delito de falsedad de documento público que permitió el fraude de 20 millones de pesos al erario por sobreprecio de un terreno dedicado a un cuartel militar.