Una buena. Atacan a las adicciones PDF Imprimir E-mail
Opinión - Luis Javier Valero
Escrito por Luis Javier Valero Flores   
Jueves, 23 de Enero de 2020 06:44

Luis Javier Valero Flores.

 

Envueltos en una oleada de muerte a lo largo de década y media, dos de los principales aspectos del tráfico y consumo de drogas, el de la atención a los adictos y el de la prevención, les fueron dejados a la iniciativa de familiares, grupos de vecinos, agrupaciones benefactoras y a los esfuerzos de diversas iglesias.

 

En tanto, el Estado mexicano -es decir, el gobierno en todos sus niveles- se hacía a un lado de estas tareas y se lanzaba en una desquiciada estrategia de combate al tráfico de drogas empleando millonarias cantidades con resultados catastróficos, no sólo en el número de víctimas fatales y no fatales, sino en la acelerada degradación social e institucional del país.

 

La corrupción inundó todos los resortes de la vida de los mexicanos y lo relacionado con el tráfico de drogas se convirtió en parte de la vida cotidiana.

 

En tanto, cientos de miles de hogares veían como se transformaba brutalmente su vida cuando por lo menos uno de sus integrantes caía en las garras de la droga y sin que hubiese una sola actividad del gobierno por incidir en la prevención de las adicciones.

 

Por ello, optimistas irredentos, abrimos paso a la esperanza al darse a conocer la puesta en marcha de un plan piloto para atender a adictos, lanzado por los gobiernos federal, estatal, municipal de Juárez y los recursos que aportará Ficosec, con una inversión mayor a los 100 millones de pesos, denominado Plan Piloto para la Prevención y Atención de Adicciones.

 

Será el primero en el ámbito nacional, luego de que el gobierno municipal juarense lanzara a principios del año pasado una de las primeras campañas publicitarias de prevención en el consumo de drogas, y de que el gobierno federal pusiese en marcha, también, una campaña publicitaria, esta nacional, de prevención al consumo de drogas.

 

“Entre las acciones se encuentran el establecimiento o subrogación de tres centros de desintoxicación, ampliar los servicios de los centros de salud actuales para la atención de primer contacto, asignación de camas para tratamiento de adicciones en el Hospital Psiquiátrico y subrogar al menos 10 centros de tratamiento para atender a mil personas por año en espacios residenciales y 2 mil ambulatorios. También forman parte de estas medidas la reinserción escolar y la generación de empleos para jóvenes”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 18 de enero de 2020).

 

Poner énfasis en asunto tan delicado, tan doloroso, que requiere una paciencia extrema, de autoridades, familiares, vecinos y conocidos de las víctimas es vital para el reencauzamiento de la vida societaria, pues de acuerdo a cifras de la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez, en 2019 “fueron cometidos mil 499 homicidios dolosos y el 80 por ciento de crímenes está relacionado con la comercialización y consumo de sustancias psicoactivas”. (Ibídem).

 

Es de tal magnitud el problema que Diana Chavarri, directora de Ficosec Zona Norte, asegura que “En Juárez la tasa del delito de narcomenudeo es ocho veces mayor al promedio nacional”, (Ibídem), y que en esta ciudad 39 mil personas consumen drogas al menos una vez a la semana y de ellas, 14 mil la usan diariamente.

 

De ese tamaño es el problema, es decir, que por lo menos 10 mil hogares juarenses sufren el problema de tener a un integrante de la familia con adicción a alguna de las drogas presentes en el mercado.

 

Y aporta más impactantes cifras de la realidad juarense, que en alguna medida es la de la mayoría de las ciudades intermedias del norte de México.

 

Asegura que un poco más de una cuarta parte de los consumidores ha abandonado la escuela o el trabajo y  una tercera parte del total de los consumidores “ha tenido conflicto con la ley”.

 

Y las carencias son infinitas: “… no existe una clínica de desintoxicación ni espacios de tratamiento residencial provistos por el gobierno –salvo 15 camas subsidiadas por el Gobierno federal. Tampoco se cuenta con psiquiatras disponibles para brindar tratamiento farmacológico, ni psicoterapeutas en adicciones”; no hay capacidad instalada para diagnosticar, tratar y referir a pacientes con adicciones. “No existe un programa de reinserción social para pacientes en tratamiento, ni suficiente oferta de programas públicos y privados formativos, laborales, lúdicos y deportivos, y los que existen están desvinculados”. (Ibídem).

 

Tremendo reto. Por lo menos se intentará abatirlo.

 

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